Género: un enfoque para entender más las cifras de la desaparición forzada

En Medellín hay un registro de más de 460 mujeres víctimas de desaparición forzada, lo que representa cerca de 18 casos por cada 100 mil habitantes. Es la tasa más alta de mujeres desaparecidas de las ciudades capitales colombianas.

Por Elisa Castrillón

Ilustración: Luis Bonza

Comprender la problemática de la desaparición forzada en Medellín implica adoptar muchas de las explicaciones que sobre ese tipo de victimización se dan en el marco del conflicto armado colombiano.

Aunque en el plano nacional la desaparición forzada se contempla desde la Constitución Política y se tipifica como delito en las leyes 589 de 2000 y 599 de 2000, existen múltiples factores que contribuyen al subregistro de los casos de este tipo de desaparición. Además, responden a múltiples contextos que inciden en los tipos de victimización y que tienen que ver con características de las víctimas como el sexo, la orientación y la identidad sexual.

En Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) tiene un registro de más de 80 mil desparecidos. De estos, más de nueve mil son mujeres, el 11.5 por ciento del total. Esta diferencia, según el sexo, podría explicarse en las mismas hipótesis que explican por qué el mayor porcentaje de víctimas del conflicto armado son hombres: son ellos los que históricamente han cumplido las labores relacionadas con la guerra. 

En Medellín, hay registros de 2.499 hombres y 461 mujeres desaparecidos (el 39.26 por ciento entre 13 y 39 años). Esto quiere decir que por cada 20 hombres desaparecidos se han presentado cerca de tres casos de mujeres.

El panorama en la capital de Antioquia es especialmente adverso para las mujeres si el fenómeno se analiza solo en las grandes ciudades. En Medellín, por ejemplo, han desaparecido cerca de 19 mujeres por cada cien mil habitantes. La cifra es especialmente significativa si se tiene en cuenta que de las capitales, la segunda tasa es la de Cúcuta, con 13 aproximadamente.

En Medellín, el periodo más crítico fue entre los años 2009 y 2011. En esos tres años desaparecieron 155 mujeres, el 35 por ciento del total. El año más atípico fue 2011.

Víctimas indirectas de la desaparición forzada

La Ley 1448 de 2011 también contempla como víctimas a los familiares de los desaparecidos. De allí que sean las madres, esposas e hijas de las personas desaparecidas quienes recorren el camino de búsqueda de sus seres queridos. A ello se le suma la victimización que para ellas significa la desaparición de sus familiares y seres queridos, porque son quienes tienen que asumir el duelo y adelantar los procesos de búsqueda.

Margarita Restrepo es integrante de Mujeres Caminando por la Verdad, una organización social que se enfoca en la búsqueda de personas desaparecidas. Con ayuda de esa organización, Margarita ha adelantado el proceso de búsqueda de su hija Carol Vanessa, estudiante de 17 años, a quien, según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), desaparecieron los paramilitares en octubre de 2002 en el marco de la Operación Orión, la cual se llevó a cabo en la Comuna 13 de Medellín y buscó la expulsión de las milicias guerrilleras en ese sector por parte del Ejército en alianza con grupos paramilitares.

Margarita explica que la incertidumbre que se siente por un ser desaparecido adelanta la muerte. “Uno no tiene sosiego, no tiene tranquilidad, no sabe qué camino coger. Se quebranta la salud, la mente. La desaparición forzada es una tortura en vida”.

Esa constante incertidumbre que describe ella, explica muy bien la existencia del subregistro. El informe Hasta Encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia, del CNMH, expone dos limitaciones: por un lado, la pérdida de información de los seres queridos que hacen que sus familiares registren el hecho como un caso de secuestro o asesinato; por otro, la cadena de violencias que buscan garantizar la impunidad de dicho delito.

Margarita señala que las mujeres son victimizadas cada vez que les niegan la búsqueda de sus seres queridos. Ello deviene en un proceso de búsqueda que, explica, “genera incertidumbre, dolor, tristeza, desgarra el alma, genera pesadillas. La desaparición forzada no tiene nombre”.

Para octubre de 2019, el Registro Único de Víctimas reporta 8.895.978 víctimas registradas del conflicto armado colombiano. Según la misma entidad, 173.419 son víctimas de desaparición forzada y de ellas, 125.539 (el 72%) son víctimas indirectas de ese delito.

Para Luz Helena Galeano, miembro de Mujeres Caminando por la Verdad, los motivos de la desaparición pasan por “ser activistas del movimiento social, líder social, líder comunitario, no colaborar con grupos ilegales, ser reclutados forzosamente, no pagar vacuna o simplemente porque se enamoran de la persona y la despiden”.

En el Informe sobre la situación de derechos humanos de Medellín, publicado en el año 2015 por la Personería de Medellín, se explica que la diferencia en las cifras de desapariciones discriminadas por sexo, en la que los hombres son las víctimas mayoritarias, es una “situación que conlleva al riesgo de empobrecimiento y violencias basadas en género para esas madres, hijas, esposas, hermanas, quienes en últimas quedan a cargo de los hijos y de un hogar; convirtiéndose en mujeres con jefatura uninominal en su hogar, así como proveedoras, cuidadoras, soporte emocional y familiar, sin tener un acompañamiento adecuado para asumir esta multiplicidad de roles y responsabilidades acompañadas del dolor y angustia que entraña no saber qué ha sucedido con sus seres amados”.

En general, las cifras de desaparición forzada comenzaron a disminuir significativamente desde 2013. En el caso de las mujeres, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 14 casos desde ese año hasta 2019. Esto representa una disminución del 93 por ciento si se compara con el periodo entre  2007 y 2012, cuando hubo un registro de 193 mujeres desaparecidas.

Entre enero y agosto de 2019 no había ni un registro de mujeres desaparecidas en Medellín. En Colombia, sin embargo, la cifra iba en 31, lo cual indica que la cifra puede ser similar a la de 2018, cuando hubo 36. .

Desaparición de población LGBTI

En el caso de población LGBTI, la problemática encuentra un agravante relacionado con el rechazo social a las disidencias sexuales. En la mayoría de los casos de esa población, inscritas en el conflicto armado, las motivaciones de la victimización tienen una clara relación con la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas.

El CNMH y el Registro Nacional de Desaparecidos de Medicina Legal contabilizan en Medellín solo un caso de desaparición forzada de alguien perteneciente a la población LGTBIQ. En Colombia hay registrados 20 casos, la mayoría (5) en Antioquia.

Según un informe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Córdoba y Tolima, son los departamentos donde han ocurrido la mayor cantidad de hechos victimizantes contra personas LGBTI. Y los hechos que más afectan a estas personas son el desplazamiento forzado en primer lugar, la amenaza y la desaparición forzada en segundo y tercer lugar respectivamente. Además, este mismo documento dice que entre 2010 y 2018 se habían contabilizado 186 hechos victimizantes contra personas LGBTI.

En el informe Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano del CNMH se enuncian las características de la desaparición forzada de comunidad LGBTI en el contexto urbano.

El informe explica que mientras en los sectores rurales el asesinato y desaparición de la población se corresponde con la limpieza social y la invisibilización de personas LGBTI, en los centros urbanos “una de las principales diferencias es la debilidad de los vínculos parentales y comunitarios en las ciudades. Allí funciona mucho más el anonimato, que, en términos de los sectores LGBTI, significa ‘poder ser’”.

Sin embargo, en la realidad de Medellín muchos de los casos de violencia contra esa población tienen que ver con el rechazo a sus preferencias sexuales y a una forma de limpieza social que ejercen los actores armados sobre esa población.

En el informe Medellín ¡Basta Ya! Memorias de una guerra urbana, se explica que en la ciudad se sucedieron una serie de violencias hacia personas que se consideraba tenían comportamientos inapropiados, desviados o que se consideraban peligrosos. Estas personas eran víctimas de desaparición, asesinato selectivo y masacres. “Las zonas nororiental y noroccidental, el centro de la ciudad y la Plaza Minorista de Medellín fueron identificadas en los ejercicios de campo como unos de los lugares en los que se efectuaron asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados a causa de la estrategia de “limpieza social”, asegura el informe.

Uno de los agravantes de los delitos contra gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros es la dificultad de la identificación de sus cuerpos. En muchos de los casos en los que la víctima es una persona trans, se sucede una cadena de violencias basada en la invisibilización de su identidad de género, lo que hace difícil la correspondencia de sus documentos de identidad con sus expresiones corporales o la identificación de parte de los familiares, que también han rechazado el tránsito.

Las complejidades de ese delito arrojan la cifra de declaraciones en el Registro Único de Víctimas en relación con la desaparición forzada de población LGBTI ( pequeña para la magnitud y extensión del conflicto armado): 15 casos, en los que 11 de las víctimas tenían entre 27 y 59 años.

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