Responsables: ¿Quiénes lo hicieron?

¿Quiénes son los presuntos responsables? Este es unos de los puntos oscuros en el delito de la desaparición forzada. En Medellín, de los casos con información desde 1965 se destacan los grupos denominados posdesmovilización, además de los grupos paramilitares.

Por Alejandra Zapata Q

Foto: Natalia Duque

En casi la mitad de los casos de desaparición forzada en Colombia no se sabe quién fue el responsable o al menos a qué tipo de grupo armado pertenece. De los más de 80 mil registros que maneja el Centro de Nacional de Memoria Histórica, en el 47 por ciento de los casos no hay información, bien sea porque se desconoce el victimario o porque no se sabe cuál es la denominación concreta del presunto responsable. El porcentaje restante se le atribuye mayoritariamente , y en este orden, a los paramilitares, a la guerrilla y a los agentes del Estado.  

En los casos en los que se cuenta con información, el orden de los presuntos responsables cambia si se miran solo las grandes ciudades. En Medellín y Cúcuta, a los paramilitares les sigue los grupos posdesmovilizados. Esto ha sido casi siempre producto de las disputas por el dominio y el control territorial, elementos de un modelo político-económico que algunos sectores sociales han buscado instaurar en el país.

En Medellín hay un registro de 2.977 desaparecidos desde 1965. De estos, más de 900 (cerca del 31 por ciento), se le atribuye a grupos paramilitares y a integrantes de grupos posdemosvilizados.

En lo que tiene que ver con la desaparición forzada, los grupos posdemovilizados han tenido un gran impacto en la capital de Antioquia. De los 909 casos registrados desde enero de 2007, cinco meses después de finalizado el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hasta 2018, a los grupos posdemovilización se les atribuye el 37.4 por ciento de las víctimas.

Desmovilizados: herederos de la criminalidad histórica de Medellín

En 1997, cuatro años después del asesinato de Pablo Escobar (1993), la incursión del Bloque Metro comandado por alias ‘Doble Cero’ agudizó la presencia paramilitar en lugares de la ciudad donde había presencia histórica de las milicias del ELN y, en menor medida, de las Farc.

Más adelante, el poder paramilitar pasó a manos del Bloque Cacique Nutibara, dirigido por Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna.  En la misma década en la que se comenzó a consolidar el paramilitarismo también aumentó significativamente el índice de desapariciones forzadas, con un total de 717 casos. Es decir, en la década del 90 la desaparición forzada se incrementó en un 255% con respecto a la década del 80.

A comienzos de la década del 2000 se llevó a cabo la Operación Orión en San Javier (Comuna 13), uno de los hitos de la guerra urbana en Medellín. La operación ocurrió entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 y marcó la llegada de la administración regional de Luis Pérez y el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, cuya bandera era la ‘seguridad democrática’. El operativo militar, que tenía el objetivo de eliminar a las estructuras insurgentes presentes en la zona y recuperar el control de la misma, dejó 92 personas desaparecidas.

El periodo más crítico de la desaparición forzada en Colombia tuvo lugar entre 2000 y 2004, con el pico más alto en el 2002. En estos cinco años desaparecieron más de 31 mil personas, el 39 por ciento del total.

Las cifras de desaparecidos comenzaron a disminuir a partir de 2005, en medio del proceso de desmovilización de los paramilitares de las AUC. Este hecho significó también el reordenamiento de los grupos ilegales. En Medellín, este fenómeno se conoció como ‘donbernabilidad’ (2003 – 2008).

Sin embargo, tras la extradición de Don Berna, en mayo de 2008, comenzó en Medellín una racha de violencia que se prolongó entre 2009 y 2011. En esos tres años se registraron en la ciudad 678 desaparecidos, el 19 por ciento del país. A los grupos posdesmovilización se les atribuyeron 277 casos (el 41 por ciento). Del resto de los casos del país se desconoce un posible responsable.

La información es escaza cuando se trata de desaparición forzada. Entre 2009 y 2011 una porción importante de desaparecidos se le atribuye a los grupos posdesmovilizados. Sin embargo, no hay claridad sobre quiénes son exactamente. De hecho, la violencia de ese entonces en Medellín era entre dos facciones de la banda criminal ‘la oficina’.

Las autoridades se referían a ellos como Bandas Criminales o ‘Bacrim’ y a los grupos articuladas a estas como Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Según Pablo Emilio Angarita, investigador del Observatorio de Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia, las Bacrim son “nombres que surgen desde la institucionalidad después de la desmovilización de las AUC, el objetivo del entonces presidente Álvaro Uribe era demostrar que los paramilitares se habían desmovilizado y por eso, a los grupos que continuaron con estas prácticas, se les cambió de denominación para que no se les relacionara con los paramilitares, pero en esencia son lo mismo. Todo grupo que tenga alianzas, relaciones o apoyos con las fuerzas militares puede ser considerado un grupo paramilitar”.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) señala a estas bandas criminales como las presuntas responsables de muchas de las desapariciones en Medellín. “La nueva territorialización de la desaparición forzada está relacionada con la dinámica de los grupos posdesmovilización y las territorialidades recompuestas del narcotráfico”, señala en un informe sobre desaparición forzada de 2016.

De ahí que, según el mismo informe, el Valle de Aburrá padeciera los “violentos reacomodos” generados con el vacío de poder provocado por la extradición de Don Berna y la disputa entre sus herederos, alias Valenciano y Sebastián.

La desaparición forzada ha sido un mecanismo utilizado por las ‘Bacrim’ e incluso por organizaciones delincuenciales de menor rango que, con el fin de no ser reconocidos como victimarios, utilizan diferentes estrategias como el  desmembramiento, el uso de sal o cal en los cadáveres y el arrojamiento de las víctimas al río Medellín.

Para Max Yuri Gil, coordinador de la Comisión de la Verdad para Antioquia, estas prácticas “buscan un efecto mucho más de ocultar el delito, el de dejar una incertidumbre sobre lo que pasó. Otros buscan no afectar las tasas de criminalidad y las estadísticas de seguridad en el territorio”. El experto también considera que la desaparición forzada se convirtió en una forma para desaparecer a los rivales y una forma de ejercer terror pues busca “borrar cualquier señal de existencia y de los victimarios”.

La disminución de la desaparición forzada

Desde 2013, las cifras de desaparición forzada han disminuido significativamente en el país. Si se compara el periodo 2007-2012 con el periodo 2013-2018, se observa que entre ambos periodos hubo una disminución del 88 por ciento. En el caso de Medellín, la disminución fue del 95 por ciento.

La no-existencia de una víctima garantiza la no-existencia de un victimario, aunque existan ambos. Así, el mayor porcentaje en el registro de los autores de casos de desaparición forzada corresponde a actores desconocidos. Entre el narcotráfico, el paramilitarismo y la seguridad democrática, la desaparición forzada se ha abierto paso en Medellín.

Este accionar en el que diversos actores comparten responsabilidaes ha sido más característico de la estrategia implementada por los grupos paramilitares más que de las insurgencias. Asimismo, el paramilitarismo se enmarca en un Estado para el que no basta con callar o ignorar, sino desaparecer y silenciar. La cara de la guerra que no tiene rostro, que no se palpa sino en el alma, tiene el nombre de la desaparición.

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