Un delito en un “un mar de impunidad”

De los más de 35 mil casos de desaparición forzada registrados por la Fiscalía desde 1977, solo se ha llegado a la etapa de condena en 407 casos y solo ha habido ejecución de penas en 169. Es decir, la impunidad está por encima del 99 por ciento. En Medellín, el esclarecimiento de este delito tampoco llega al uno por ciento.

Por Natalia Duque

Foto: Róbinson Úsuga, Lluvia de Orión

Desaparecer para anular los caminos y las huellas, para hacer invisible la materia y dejar por fuera del juego a los sentidos. La desaparición forzada es el crimen que busca nunca ser indagado, descubierto, revelado. No deja ni sangre ni cuerpos ni escenas. La evidencia sobre esto es contundente: en Colombia no se ha esclarecido ni el uno por ciento de este delito.

La desaparición está relacionada con lo oculto, lo que no es encontrado. Por eso también ha sido clave en el repertorio de violencia de los grupos paramilitares y del terrorismo de Estado, que en la eliminación material encontraron la dificultad para ser rastreados. Según Max Yuri Gil, coordinador de la región Antioquia – Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad, con la desaparición “buscan un efecto mucho más de ocultar el delito, de dejar una incertidumbre”.

En Colombia, diferentes entidades manejan cifras sobre la desaparición forzada: el CNMH, la Unidad de Víctimas, Medicina Legal y la Fiscalía. Cada una registra datos desde años diferentes y por lo tanto las cifras no concuerdan. Sin embargo, para analizar las etapas judiciales, es necesario recurrir a la Fiscalía, entidad que registra 35.229 casos desde 1977.

Entre las etapas -investigación, juicio, ejecución de penas, entre otras del proceso penal- llama la atención la ejecución de penas. Los datos muestran que en Colombia solo se ha llegado a la etapa de condena en 407 casos y que las penas solo se han ejecutado en 169 casos, lo que representa el 0.46 por ciento de todos los registros que lleva la Fiscalía. Es decir, la impunidad en este delito, si se tienen en cuenta solo los casos en los que los responsables están pagando la pena, es del 99.54 por ciento.  

Las condenas aumentan en las grandes ciudades

La ejecución de penas aumenta levemente si se miran las grandes ciudades. En Medellín, donde la Fiscalía tiene un registro de 2.557 casos, ha habido ejecución de penas en 13 casos, lo que representa el 0.51 por ciento de todos los registros. De las ciudades con más de 500 mil habitantes, la ejecución de penas está por encima del tres por ciento solo en Ibagué, Cali y Cartagena.

La desaparición se ha movido por las calles de los barrios, ha caído en el río Medellín y se ha pegado a la ciudad como algo que se sabe, pero no se ve. De los registros que maneja la Fiscalía en la ciudad, la entidad asegura que un poco más del 98 por ciento están en indagación y en algún punto de la investigación. Pero las cifras de la misma entidad demuestran que los casos resueltos son mínimos.

En la ciudad, la mayoría de los registros que están en indagación por parte de la Fiscalía sucedieron entre 2006 y 2012, lo que coincide con el periodo de desmovilización de los grupos paramilitares, que finalizó el 15 de agosto de 2006, y con la disputa que hubo en Medellín entre los herederos de esos grupos.

Un delito que borra a la víctima

Las cifras de la Fiscalía dan cuenta de que la desaparición forzada logra su objetivo: borrar los rastros que identifiquen el hecho y, por ende, al responsable. Para Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad (CJL) de Medellín, esta situación tiene que ver con tres elementos: la tipificación del delito, la desarticulación y descoordinación institucional y la falta de voluntad política.

Según el informe Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia, realizado por el CNMH en el 2014, la desaparición forzada solamente se ha considerado como un delito penal desde el año 2000. Antes de esta fecha “se investigaban como si fueran secuestros y la opinión pública era poco consciente del fenómeno”. Por este motivo existen expedientes en los que se hace referencia al ‘secuestro simple’ cuando realmente se trata de una desaparición. Según Arboleda, esto ha generado un escenario al que se refiere como “un mar de impunidad”. Este es un elemento que además incide en la descoordinación de las instituciones encargadas de darle tratamiento a este tema, que además de que no coinciden en las bases de datos, tampoco tienen una comunicación efectiva que dé celeridad al proceso.

Sin embargo, es la voluntad política la que define los esfuerzos que se invierten en esclarecer estos hechos. En Colombia no existe un cuerpo forense independiente de la Fiscalía, por lo que el proceso se torna aún más complejo cuando algunos de los principales autores de este delito son los paramilitares y los agentes del Estado.  

Desaparición forzada en Medellín: ¿una prioridad?

En Medellín la primera condena sobre desaparición forzada se dio en 1996. Desde ese año hasta la actualidad hay un registro de 17, seis de ellas son de los años 2014 y 2015. La incapacidad para resolver estos casos puede estar relacionada con los elementos mencionados por Adriana Arboleda. Por un lado, no se tiene conocimiento acerca de la manera como la Fiscalía tipifica este delito con referencia a las distintas bandas criminales y organizaciones delictivas que hacen presencia en Medellín. Esta información se le solicitó a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, por medio de un derecho de petición. Sin embargo, la entidad no entregó la información.

Por otra parte, se percibe cierto desconocimiento del fenómeno por parte de algunas autoridades locales. A Carlos Arcila, subsecretario de derechos humanos de la Alcaldía, se le consultó si su dependencia tenía información sobre presuntos responsables de desaparición forzada en Medellín. Su respuesta no fue clara y sugirió contactar a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-. Es importante tener en cuenta que el CNMH tiene amplia documentación sobre este punto. Además, la responsabilidad no es solamente de los mecanismos transitorios. Según Adriana Arboleda, estos solo cubren casos desde antes del 2016. “Entonces, la competencia la siguen teniendo los entes ordinarios”, dice.

En el Acuerdo sobre las víctimas del conflicto del Acuerdo de Paz –punto cinco-, firmado entre las Farc-EP y el Gobierno Nacional, se estableció la conformación del ‘Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición’, compuesto por cinco elementos, entre ellos la UBPD. Se trata de una entidad de carácter extrajudicial que buscaría dinamizar la búsqueda de personas que han sido dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, así como los restos de las mismas. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- que buscaría esclarecer y sancionar las violaciones de derechos humanos realizadas en el marco del conflicto armado;

La justicia ordinaria ha mostrado ser incapaz de dar respuesta a este accionar. Entre tanto, las familias continúan buscando no solamente los cuerpos, sino también la verdad acerca de lo sucedido. En este sentido, la impunidad entendida tradicionalmente como la ausencia de castigo para los culpables, adquiere también un carácter esclarecedor y reparador, que en muchos casos es la principal exigencia de las víctimas de desaparición: la verdad.

Actualmente, de los más de 2.500 casos registrados por la Fiscalía en la ciudad, 1.300 (50.84%) están vigentes. Las múltiples instituciones y la descoordinación entre ellas siguen siendo una dificultad a la hora de dinamizar el proceso de búsqueda. Sin embargo, la escasa voluntad política que se ha evidenciado deja un rastro de incertidumbre frente a quiénes están realmente implicados en este crimen y sus motivos. “Yo llevo 22 años, tres meses y no sé cuántos días buscando”, fueron las palabras de una madre que, como un reflejo de las demás buscadoras, ha pasado más de 20 años buscando a su hijo: su cuerpo para que descanse y la verdad, para que a ella también le descanse el alma.

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