Conclusiones de un delito con muchos vacíos

Colombia todavía no sabe cuántas personas desaparecidas tiene. Aunque el país tipificó la desaparición forzada en el año 2000 y estableció un Registro Nacional de Desaparecidos, actualmente hay varias instituciones encargadas de llevar registros de los desaparecidos y sus cifras no concuerdan entre sí.

Por Karen Parrado

Foto: Andrés Felipe Giraldo, Generación Paz

Los desaparecidos de Colombia cuentan en la memoria resistente de sus familiares, en las ausencias que dejaron sus vidas para la historia de una sociedad y, a su vez, buscan un lugar preciso y de verdad en medio de los confusos registros y los vacíos que existen en las bases de datos de las entidades estatales encargadas de esclarecer cuántos hay y dónde están.

El panorama nacional de la desaparición forzada en Colombia afronta una etapa coyuntural importante que ha puesto el fenómeno en el radar de la sociedad y de la política pública. Tras la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, el país acordó un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) como estrategia multidimensional para asegurar la transición hacia la paz.

Uno de sus componentes es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), quien tiene a su cargo buscar a los desaparecidos en el contexto y en razón del conflicto armado.

Cuando se trata de enfocar este fenómeno en la capital de Antioquia, Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), una ONG que defiende y promueve los Derechos Humanos en Antioquia y Chocó desde 1993, destaca que establecer una geografía o cartografía de la desaparición en Medellín depende en gran medida de la época que se estudie.

Arboleda señala que la ausencia de un consolidado nacional de cifras sobre desaparición forzada es “un problema de carácter nacional” que se refleja en ciudades con altos (e históricos) índices de desaparición forzada como Medellín.

“No es una situación particular, es un problema estructural que tiene muchas explicaciones”, subraya. Una de las dificultades más significativas es que ante la ausencia de la tipificación del delito, la desaparición forzada fue reportada como secuestro simple por mucho tiempo, hasta el 2000, cuando apareció la ley 589. Esto significa que los miles de casos ocurridos en décadas anteriores se diluyeron entre denuncias por otro tipo de delitos o en el subregistro. 

“Si uno revisa los archivos penales o en las bases de datos oficiales estos casos van a  aparecer como secuestro simple y nunca las instituciones han generado una estrategia para depurar esos registros”, agrega la analista. Esto no sólo extiende el dolor de los familiares y buscadores, sino que hace más compleja la definición de una ruta de búsqueda.

En Antioquia tan solo 2.758 de los 18.760 desaparecidos (entre 1985 y 2018) han sido encontrados vivos o muertos y sus familias han podido cerrar ese ciclo de incertidumbre.

Para Arboleda, la desaparición forzada se vincula directamente al contexto y las dinámicas de violencia de cada ciudad, las cuales mutan por diferentes circunstancias. En el caso de Medellín, en la década de los ochenta y principios de los años noventa, la desaparición forzada se presentaba más en espectros selectivos de población que en focos geográficos. Esto indica que los actores armados buscaban desaparecer selectivamente a líderes sociales, estudiantiles y opositores de ideologías políticas.

Más adelante, durante la década del 2000, con la aparición de los asentamientos nucleados en las periferias de la ciudad, la desaparición forzada se concentró más fuertemente en barrios como La Honda, Doce de octubre, y corregimientos como Altavista y San Antonio de Prado.

Según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Instituto Nacional de Medicina Legal, en Medellín hay registros de 2.841 personas que fueron desaparecidas entre 1985 y el 31 de julio de 2019. A pesar de que este es el registro que tiene en cuenta actualmente la UBPD para desarrollar su misión de búsqueda, la cantidad de personas sobre las que no tienen noticia sus familiares, ni rastros sobre su paradero, continúan siendo números que integran varios registros oficiales a la vez, y en los que es evidente la incongruencia de cifras que hay en el país sobre esta difícil problemática.

De acuerdo al Registro Nacional de Desaparecidos, la base de datos de Medicina Legal que entró en funcionamiento en 2005, en Medellín hay 3462 desaparecidos, ( 22% más casos que los que registra la base de datos del CNMH). La disparidad de cifras respecto a la desaparición es una de las principales dificultades para dimensionar el fenómeno y tomar medidas claras de búsqueda, esclarecimiento y reparación.

No solo es una necesidad establecer cuántas son las personas desaparecidas en el país sino una obligación del Estado garantizar a los familiares de las víctimas una información clara que les permita un diálogo humanitario y eficiente con las instituciones designadas para la búsqueda. Este será uno de los puntos vitales para implementar la paz como parte de un proceso serio de reparación y no repetición.

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